El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció el pasado miércoles sobre la denuncia que presentó la Comisión Europea contra España en 2011 “ por discriminar a los ciudadanos no residentes en su regulación sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones”, considerando que se vulnera la libertad de circulación de capitales, art. 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

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La sede del TJUE / Sede en Luxenburgo

Este  impuesto, aunque es estatal, se encuentra cedido a las comunidades autónomas que se encargan de su gestión, ejercen algunas competencias y obtienen su rendimiento.

Las comunidades han legislado disminuyendo significativamente la carga fiscal modificando la tarifa ya sea mediante reducciones por parentesco o bonificaciones, etc. En cambio, si alguien es no residente o si el bien inmueble está situado fuera de territorio español, se aplica la normativa estatal, la Ley 29/87 y su Reglamento, que no contiene tantos beneficios fiscales, por lo que su aplicación resulta mucho más onerosa.

El tribunal niega que el recurso de la Comisión ponga en cuestión el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas porque lo que se discute es “el criterio de conexión previsto en la legislación española que permite la aplicación de reducciones fiscales en los supuestos en los que los sujetos pasivos residen en el territorio de esas comunidades o cuando el bien inmueble está situado en el territorio de éstas”.

Para el TJUE estas medidas  “pueden disuadir a los no residentes de realizar inversiones en un Estado miembro o de mantener las inversiones” y restringen la libertad de circulación de capitales.

Fuentes: Eleconomista , Diario Jurídico