Don R.V. vino a nuestro despacho con el fin de gestionar la Ley de Segunda Oportunidad. Sus circunstancias económicas y personales le imposibilitaban poder afrontar las deudas que venía arrastrando desde hace tiempo.

De su salario dependen su esposa, dos hijos y su nieto, quienes conviven con él en un piso que alquilaron al perder su casa en el 2008 por la ejecución de una entidad bancaria. Desde esa fecha lleva arrastrando 138.700 euros, que provienen del sobrante no obtenido en la ejecución hipotecaria. El deudor, además de perder la vivienda, seguía perseguido por el banco ya que su hogar valía menos que su hipoteca.

Muchas familias sufrieron la crisis económica en la que las viviendas bajaron de precio y los bancos concedían hipotecas por más del 80% de valor de tasación en plena burbuja inmobiliaria. Ciudadanos como esta familia tenían créditos que valían más que la casa hipotecada, lo que se conoce como un “patrimonio inmobiliario neto negativo”.

Situaciones como la de Don R.V. son comunes hoy en día, y esto ha provocado que a pesar de perder la vivienda, el banco pueda seguir persiguiendo al deudor y ejecutarle sus bienes y derechos presentes y futuros (como el ahorro, salario o pensión).

Don R.V. tenía un salario de 1.450 euros, y le fue imposible afrontar todas las deudas al ser los únicos ingresos que ayudaban a sustentar a su familia.

Ahora, gracias a la Ley de Segunda Oportunidad, un Juez de Barcelona le ha cancelado todas sus deudas y puede volver a empezar de cero.