Resumen del Real Decreto-Ley 8/2020, publicado hoy en el BOE, sobre medidas extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

1. Medidas para los consumidores y las familias

a) Garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables.
b) Moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual si el deudor se encuentra en situación de vulnerabilidad económica:

  • Estar en situación de desempleo, o en caso de empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de ingresos o caída de ventas. Que el conjunto de los ingresos de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, determinados índices del IPREM.
  • Que la cuota de la hipoteca + gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
  • Que debido a la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas:
    • Cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.
    • Que se ha producido una caída sustancial de las ventas cuando esta caída sea al menos del 40%
  • Unidad familiar: Es la compuesta por el deudor, cónyuge o pareja de hecho e hijos que residan en la vivienda.
  • Durante el período de vigencia, la entidad acreedora no podrá exigir el pago de la cuota hipotecaria (amortización e intereses). Tampoco podrá aplicar intereses moratorios.

c) Garantía en el mantenimiento de los servicios de comunicaciones electrónicas y la conectividad de banda ancha.
d) Garantía en la prestación del servicio universal de telecomunicaciones.
e) Suspensión de la portabilidad.
f) Se interrumpe el plazo para la devolución de productos durante la vigencia del estado de alarma.

2. Medidas para los trabajadores

a) Carácter preferente de trabajo a distancia:

Se establecerán sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos como el trabajo a distancia. La empresa debe adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación resulta proporcionado. Estas medidas deben ser prioritarias frente al cese temporal o reducción de la actividad.

b) Derecho de adaptación del horario y reducción de jornada:

  • Los trabajadores que acrediten deberes de cuidado de cónyuge o pareja de hecho, o familiares hasta segundo de consanguinidad, tendrán derecho a adaptar la jornada o a reducir la misma, en caso de que concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión del Covid-19, como por ejemplo los cierres de centros educativos.
  • La reducción de jornada puede llegar al 100%, preavisando a la empresa con 24 horas de antelación. Este derecho de estar justificado y ser razonable, además de proporcionado en atención a la situación de la empresa.

c) Protección por desempleo en caso de ERTE:

En los supuestos que la empresa decida la suspensión de contratos o reducción de jornada por ERTE debido a estas circunstancias extraordinarias, se adoptarán las siguientes medidas:

  • Se reconoce el derecho a prestación contributiva por desempleo, aunque el trabajador no tenga carencia.
  • La prestación percibida no computará para prestaciones posteriores.
  • Los socios de sociedades laborales y cooperativas que coticen por desempleo también tienen derecho a estas medidas.
  • La fecha de inicio de relación laboral o societaria ha de ser anterior a la entrada en vigor de esta ley.

d) Limitación temporal de los efectos de la presentación extemporánea de solicitudes de desempleo:

La presentación de solicitudes de desempleo presentadas fuera de plazo no implicará ninguna reducción del derecho, durante la vigencia de estas medidas extraordinarias.

e) Prórroga del subsidio por desempleo

  • Prórroga de oficio del derecho a percibir el subsidio por desempleo en los supuestos sujetos a la prórroga semestral del derecho, a efectos de que la falta de solicitud no comporte la interrupción de la percepción del subsidio por desempleo ni la reducción de su duración.
  • En el caso de los beneficiarios del subsidio para mayores de cincuenta y dos años no se interrumpirá el pago del subsidio y de la cotización a la Seguridad Social aun cuando la presentación de la preceptiva declaración anual de rentas se realice fuera del plazo establecido legalmente.

3. Medidas para los autónomos

a) Prestación por cese de actividad.

Los trabajadores por cuenta propia o autónomos tendrán derecho a percibir una prestación extraordinaria por cese de actividad en los siguientes casos:

  • Cuando la actividad se haya suspendido por fuerza mayor (ver anexo Real Decreto 463/2020 ).
  • Cuando la facturación en el mes anterior se vea reducida, al menos, en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.
  • Cuando se reúnan los siguiente requisitos:
    • Estar afiliados y en alta en el Régimen de Autónomos en la fecha de la declaración del Estado de Alarma.
    • Hallarse al corriente de pagos de Seguridad Social (o previa invitación al pago).
  • La cuantía será del 70% de la base de cotización, y durará hasta el último día de mes en que finalice el Estado de Alarma.
  • En caso de no tener período mínimo de cotización, la prestación será del 70% de la base mínima de cotización.
  • El tiempo de percepción se entenderá cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad en el futuro.

Hay que estar atentos a la normativa de las Comunidades Autónomas, ya que algunas ya establecen medidas para este colectivo.

4. Medidas para las empresas

a) Suspensiones o reducción de jornada por causas de fuerza mayor y causas económicas, técnicas, productivas y organizativas.

¿Qué se considera fuerza mayor temporal?
Las situaciones de pérdida de actividad debidas a las siguientes circunstancias:

  •  Medidas adoptadas por el Gobierno que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, etc. A estos efectos, todas las actividades incluidas en el anexo del Real Decreto 463/2020 se consideran afectadas por fuerza mayor temporal.
  • Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas con las siguientes excepciones:
    • Establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio.
    •  En cualquier caso, se suspenderá la actividad de cualquier establecimiento que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio por las condiciones en las que se esté desarrollando.
  •  Las debidas a situaciones urgentes y extraordinarias provocadas por el contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo, que queden
    debidamente acreditadas.
  •  Falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad o impongan la suspensión de ciertas actividades laborales, siempre que traiga su causa en las medidas excepcionales decretadas por la autoridad gubernativa o recomendadas por las autoridades sanitarias, en ambos casos en relación al Covid-19.

Régimen temporal
Los efectos de la suspensión de contratos o reducción de jornada se entienden producidos desde la fecha del hecho causante y se extenderán al periodo de tiempo
decretado por la Autoridad competente o mientras persistan las circunstancias graves y extraordinarias.

Cotización a la Seguridad Social (solo para supuestos de fuerza mayor)

  • Para empresas de menos de 50 trabajadores: Exoneración del 100% de la aportación empresarial durante la suspensión de los contratos.
  • Para empresas de 50 o más trabajadores: Exoneración del 75% de la aportación empresarial durante la suspensión de los contratos.

Estas medidas estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

b) Medidas de suspensión o reducción de jornada por causas económicas o productivas.

En el caso de que las empresas no puedan acogerse a la “fuerza mayor” pero su situación se haya visto también afectada, podrán iniciar Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) de causas económicas, productivas, organizativas o técnicas, derivadas de las necesidades de ajuste de plantilla por un descenso de la carga de trabajo, o de cambios en los en los sistemas o métodos de trabajo, respectivamente.

  • Para este tipo de expedientes, se deberá nombrar una comisión representativa de trabajadores, que debe estar constituida en el improrrogable plazo de 5 días.
  • Se debe abrir período de consultas entre la empresa y la comisión representativa, el cual no deberá exceder de 7 días.
  • La Autoridad Laboral deberá aprobar el expediente, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en un plazo improrrogable de 7 días.

c) Garantía de liquidez para sostener la actividad económica ante las dificultades transitorias consecuencia de la situación:

  •  Aprobación de una Línea para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos.
  • Ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO con el fin de aumentar los importes de las Líneas ICO de financiación a empresas y autónomos.
  •  Línea extraordinaria de cobertura aseguradora.
  • Plan ACELERA para apoyo a las Pymes a la digitalización a través de la entidad Red.es.

d) Suspensión de plazos en el ámbito tributario.

Cuando el plazo no haya concluido a la entrada en vigor de este real decreto-ley (18/03/2020):

  • Los plazos se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020.
  • Las deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración
  • El pago de deuda tributaria una vez iniciado el periodo ejecutivo y notificada la providencia de apremio
  • Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos
  • Los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes
  • Los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad
  • La devolución de ingresos indebidos
  • La rectificación de errores materiales y de revocación
  • En el seno del procedimiento administrativo de apremio, no se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde 18/03/2020Cuando se comuniquen a partir del 18/03/2020:
  • Los plazos se extienden hasta el 20 de mayo de 2020
  • Las deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración
  • El pago de deuda tributaria una vez iniciado el periodo ejecutivo y notificada la providencia de apremio
  • Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedido
  •  Los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes
  • Los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad

Si se atiende el requerimiento:
Si el obligado tributario, no obstante, la posibilidad de acogerse a la ampliación de los plazos de los apartados anteriores o sin hacer reserva expresa a ese derecho, atendiera al requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria o presentase sus alegaciones, se considerará evacuado el trámite.

Duración máxima de los procedimientos:
El período comprendido desde el 18/03/2020 hasta el 30/04/2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles.

Plazos de prescripción y caducidad:
El período comprendido desde el 18/03/2020 hasta el 30/04/2020 no computará. En el recurso de reposición y en los procedimientos económico-administrativos, se entenderán notificadas las resoluciones que les pongan fin cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre la entrada en vigor del presente real decreto-ley y el 30 de abril de 2020.

Plazo para interponer recursos o reclamaciones:
El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos tributarios, así como para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas en los procedimientos económico-administrativos, no se iniciará hasta concluido el 30/04/2020, o hasta que se haya producido la notificación en los términos de la Sección Tercera del Capítulo II del Título III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, si esta última se hubiera producido con posterioridad a aquel momento.

e) Plazo del deber de solicitud de concurso de acreedores: Mientras esté vigente el estado de alarma no se exigirá el deber de presentación de concurso para los deudores que se encuentren en estado de insolvencia o preconcurso.

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